Síntesis: las entidades aseguradoras pueden ostentar la calidad de fuente de información, en la medida en que recaudan, administran y, de ser el caso, reportan información relacionada con la celebración, ejecución y cumplimiento de los contratos de seguro. Por consiguiente, cuando la obligación cuestionada derive de un contrato de seguro respecto del cual la entidad actúe como fuente de información, le resultarán aplicables las obligaciones y medidas previstas en la Ley 2573 de 2026.

«(…) relacionada con el alcance de la expresión "y demás establecimientos comerciales con esta competencia" prevista en la Ley 2573 de 2026, cuyas inquietudes se transcriben a continuación:

1. SOLICITUD PRINCIPAL: sírvase brindar claridad conceptual y delimitar formalmente el alcance de la expresión “Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON ESTA COMPETENCIA” empleada de manera reiterada en la Ley Estatutaria No. 2573 de 2026, respecto de las entidades que se encuentran bajo la inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia.

2. PREGUNTA ESPECÍFICA - SEGUROS: indicar de manera expresa si las compañías de seguros, así como los intermediarios de seguros, se encuentran cobijados bajo dicha definición y si, por ende, les son aplicables las obligaciones de suspensión de cobro (Art. 8º) y modificación del reporte negativo (Art. 7º) en casos de expedición fraudulenta de pólizas por suplantación de identidad.

3. PREGUNTA ESPECÍFICA - SALUD: indicar si las empresas que comercializan Planes Voluntarios de Salud (PVS) o planes de medicina prepagada, Entidades Promotoras de Salud y demás instituciones de salud privada que financian servicios o contratos de servicios de salud, que financia sus servicios o tratamientos mediante la exigencia de acuerdos de pagos o suscripción de títulos valores (pagarés pactados a plazos) entran en la categoría de "establecimientos comerciales con esta competencia”.

Sobre el particular, proceden las siguientes consideraciones:

i. La Ley 2573 de 2026 tiene por objeto establecer medidas para proteger a las personas afectadas por suplantación de identidad frente al reporte negativo de información y al cobro de obligaciones, respecto de los operadores de telecomunicaciones, las entidades financieras y crediticias y los demás establecimientos comerciales con esta competencia.

No obstante, la citada disposición no establece una definición de la expresión “demás establecimientos comerciales con esta competencia” ni señala un listado de las entidades comprendidas en dicha categoría.

En ese orden, le informamos que, atendiendo las funciones y competencias asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio por las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y 1480 de 2011, Capítulo IV, se dispuso el traslado parcial su comunicación a esa Autoridad, mediante oficio 2026159628-001 del pasado 30 de julio (cuya copia adjuntamos), específicamente de las preguntas 1 y 3, relativas al alcance de la expresión "y demás establecimientos comerciales con esta competencia" contenida en la Ley Estatutaria 2573 de 2026.

ii. Sin perjuicio de lo señalado en el numeral anterior, se estima pertinente efectuar las siguientes precisiones en relación con las entidades aseguradoras y los intermediarios de seguros.

Los artículos 7 y 8 de la Ley 2573 de 2026 establecen medidas especiales de protección para las personas que aleguen haber sido víctimas de suplantación de identidad en la adquisición de bienes o servicios. En particular, el artículo 7 regula el procedimiento para la corrección de información y modificación de reportes asociados a obligaciones adquiridas fraudulentamente, mientras que el artículo 8 contempla la suspensión del cobro de tales obligaciones.

Para efectos de la aplicación de estas disposiciones, resulta relevante subrayar que el artículo 7 de la Ley 2573 de 2026 modificó el trámite de reclamación previsto en el artículo 16 de la Ley 1266 de 2008 y estableció que la reclamación por suplantación debe presentarse ante la fuente de información, a la cual atribuyó obligaciones específicas, entre ellas verificar la documentación aportada por el reclamante, modificar la información reportada y adelantar las actuaciones correspondientes frente a los operadores de información.

En ese sentido, la propia Ley 2573 incorporó dentro de sus definiciones el concepto de fuente, entendido como la persona, entidad u organización que recibe o conoce datos personales de los titulares en virtud de una relación comercial o de servicios y que, por autorización legal o del titular, suministra dichos datos a un operador de información.

Así, desde la perspectiva de los artículos 7 y 8 de la Ley 2573 de 2026, el elemento jurídicamente relevante para determinar la aplicación de las medidas allí previstas es la condición de fuente de información respecto de la obligación cuyo cobro o reporte es cuestionado por el titular como resultado de una presunta suplantación de identidad.

Bajo dicha consideración, las entidades aseguradoras pueden ostentar la condición de fuente de información en los términos de la Ley 1266 de 2008, en la medida en que reciben, administran y eventualmente reportan información derivada de la celebración y ejecución de contratos de seguro.

Por el contrario, tratándose de los intermediarios de seguros, debe tenerse en cuenta que estos no son parte del contrato de seguro. En efecto, de conformidad con el artículo 1037 del Código de Comercio, las partes de dicho contrato son el tomador, el asegurador y el asegurado, según corresponda. La función de los intermediarios se circunscribe a promover o facilitar la celebración del contrato, lo cual no implica la asunción de derechos u obligaciones derivadas de la relación aseguraticia.

En consecuencia, los intermediarios de seguros no son los sujetos frente a los cuales surge la obligación de pago derivada del contrato, ni aquellos que reportan o administran la información asociada a su cumplimiento.

En lo que respecta a los Planes Voluntarios de Salud, debe precisarse que dentro de esta categoría se encuentran las pólizas de salud con cobertura de prestaciones asistenciales (artículo 169 de la Ley 100 de 1993). Por tanto, respecto de las entidades aseguradoras que explotan dichos seguros bajo el ramo de salud, son aplicables las consideraciones expuestas.

Con esta orientación, respecto de las demás entidades sometidas a la vigilancia de esta Superintendencia se estima que la eventual aplicación de las medidas previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley 2573 de 2026 deberá analizarse en cada caso concreto, atendiendo la naturaleza de la actividad desarrollada por la entidad y su eventual condición de fuente de información en los términos de la Ley 1266 de 2008.